DICTAMEN JURIDICO DE LA

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ABOGADOS AMBIENTALISTAS (AAdeAA)

EN RELACION A LA PROBLEMÁTICA DE LA MINERÍA METALIFERA

EN LA PROVINCIA DE MENDOZA

DICIEMBRE DE 2006

1. Problemática en relación a “derechos adquiridos” por parte de las empresas mineras.-
2. Competencia Provincial en protección Ambiental.-
3. Decreto 820/06. Plan Ambiental.-
4. Características de la actividad minera. Ley General del Ambiente, N° 25.675. Principios Preventivo, Precautorio y de Sustentabilidad. Aplicación de estos principios.-
5. Efectiva Participación Ciudadana.-
6. Conclusiones.

1.- Problemática en relación a “derechos adquiridos” por parte de las empresas mineras.-

Un argumento importante por parte del Gobierno Provincial para proyectar el veto de la ley N° 7627 que suspende el otorgamiento de derechos mineros, de cateos, exploraciones o explotaciones metalíferas a cielo abierto, hasta tanto la Provincia de Mendoza tenga aprobado el Plan Ambiental de la Ley 5.961 son los supuestos “derechos adquiridos” que tendrían las empresas mineras y que serían afectados por esta ley lo que provocaría una avalancha de juicios contra el Estado Provincial.-

Para comprender cabalmente esta temática resulta interesante recordar dos fallos importantes:

1.1.- Caso “Saladeros de Barracas C/ Provincia de Buenos Aires”.- 

  En la década del 80, Miguel Marienhoff ya enseñaba que “las ´medidas de policía de la propiedad´, tienen en miras el ´interés público´” y, que estas medidas “no sólo pueden referirse al ejercicio del derecho de "propiedad", sino también al ejercicio de la "libertad" individual (v. gr., ejercicio de una profesión o industria).”( )

  En el mismo artículo Marienhoff recuerda “un antecedente famoso ocurrido en nuestro país, cuyo conocimiento incluso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Me refiero al conocido caso de los saladeros de Barracas ( ). Es un antecedente interesantísimo, por cuanto en él la Corte Suprema, al confirmar el cese de una industria perjudicial para la salud pública, con toda razón declaró, además, la irresponsabilidad del Estado por los daños sufridos al ordenar la cesación del ejercicio de una industria dañosa para el interés público. Era una industria que, al no ejercerse en "estado legal", a su respecto no podía invocarse el carácter de "industria lícita", no pudiendo entonces merecer el amparo constitucional. Se trataba de lo siguiente: una ley de la Provincia de Buenos Aires dispuso la clausura de los saladeros situados en el Riachuelo de Barracas, a raíz del grave peligro -debidamente comprobado- que implicaba para la salud pública la actividad de dichos saladeros. Los dueños de éstos acudieron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación demandando a la provincia de Buenos Aires por indemnización de los daños y perjuicios que les causó la suspensión de las respectivas faenas. En el curso de la litis quedó acreditado que los procedimientos que se empleaban en los saladeros, corrompían el suelo, el aire y las aguas. El Alto Tribunal dijo lo siguiente al rechazar la demanda promovida:

"Que los saladeristas de Barracas no pueden por consiguiente invocar ese permiso para alegar derechos adquiridos, no sólo porque él se les concedió bajo la condición implícita de no ser nocivo a los intereses generales de la comunidad, sino porque ninguno puede tener un derecho adquirido de comprometer la salud pública, y esparcir en la vecindad la muerte y el duelo con el uso que haga de su propiedad, y especialmente con el ejercicio de una profesión o de una industria".

  Además rechazó la indemnización de daños y perjuicios solicitada, porque la orden de cesar en el ejercicio de semejante industria no era contraria a la Constitución, ni atacaba el derecho de propiedad. En definitiva se absolvió de la demanda a la provincia de Buenos Aires. La sentencia está registrada en el t. 31, ps. 273 y sigts., de la colección de "Fallos" de la Corte Suprema. En el caso de referencia los dueños de los saladeros habían violado abiertamente el principio general e implícito en toda licencia, permiso o concesión administrativos, de que tales actos, bajo pena de nulidad, se otorgan siempre "sin perjuicio de terceros", receptando así el viejo principio capital de derecho "alterum non laedere", ya mencionado en la "Instituta" y el "Digesto" del antiguo Derecho Romano.

1.2.- Caso Laguna Llancanello (“Asociación Oikos Red Ambiental C/ Provincia de Mendoza S/ Amparo”)

  En este otro caso el Juez de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo incoada contra el Gobierno de la Provincia de Mendoza por la “Asociación Oikos Red Ambiental”, supeditando la explotación petrolera autorizada por el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas de la Provincia de Mendoza a la efectiva previa delimitación geográfica del área natural protegida denominada “Reserva Fáunica Laguna Llancanelo”. Apelada la sentencia, la Cámara confirmó la misma. Ante este pronunciamiento, la empresa Repsol YPF y el gobierno provincial interpusieron recursos de casación e inconstitucionalidad, los cuales fueron rechazados por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza en su fallo del 3 de noviembre de 2005. 

  En esta causa tanto la Fiscalía de Estado como la empresa Repsol YPF S.A. destacaron en las distintas contestaciones y piezas recursivas presentadas en el expediente que el área Llancanelo ha sido objeto de explotación petrolífera desde la década de 1930. En razón de ello, arguyeron, dicha explotación sería un rasgo habitual de la zona al momento de su declaración como área protegida (argumento de Fiscalía de Estado) y tendría YPF un derecho adquirido a continuar con la explotación en la zona (argumento Repsol YPF S.A.).

 A estos argumentos, la Suprema Corte Provincial ha dicho:

“…la ley 6045 se impone con la primacía que le otorga su carácter de defensa del interés colectivo, por cuanto "el Derecho Ambiental es sustancialmente derecho público. La tutela del ambiente apunta a mejorar la calidad de vida de la humanidad y a lograr el desarrollo sostenible como legado para las generaciones futuras" (Jorge Bustamante Alsina, "Derecho Ambiental. Fundamentación y normativa", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 51)…”

“…El carácter señalado de orden público descarta también la posibilidad de planteos acerca de presuntos derechos adquiridos a continuar con explotaciones que esa normativa legal prohibiera expresamente, como es el caso concreto de la explotación de hidrocarburos dentro de las áreas naturales protegidas…”

“…El desconocimiento de la ley 6045 implica también ignorar la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de la Nación que ha establecido que "la modificación de las normas por otras posteriores no da lugar a cuestión constitucional alguna, pues nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a su inalterabilidad (doctrina de Fallos: 283:360; 315:839 y muchos más)…"

  Es razonable sostener junto a la doctrina y jurisprudencia que así lo propician que existe un Orden Público Ambiental. Como consecuencia de ello fácil resulta advertir que es inalienable e indisponible para las partes. Ello es así puesto que en él se encuentran involucrados otros derechos y garantías constitucionales denominados biológicos y sociales. Es decir, que esta interrelación de derechos personales y humanos como también razones de solidaridad social ha dado nacimiento a los derechos de tercera generación, los que por esta circunstancia merecen un amparo íntegro

  Por su directa vinculación con la salud de la población, con la calidad de vida y la dignidad de la persona humana el Derecho Ambiental es esencialmente de orden público. La preservación del medio como manera de garantizar la vida y la salud individual y de la comunidad en su conjunto, importa un “interés público relevante”, que requiere de todos los ámbitos de actuación positiva por parte del Estado.-

  A raíz del fallo de Laguna Llancanello, el Dr. José Sebastián Elías realizó las consideraciones que se transcriben a continuación y que ilustran de manera contundente la cuestión relacionada con los supuestos “derechos adquiridos” que ostentarían las empresas mineras ( ):

“La solución a la que arriba la Corte en punto a dichos argumentos es, sin duda, correcta. Es claro que no existe una cuasi posesión del derecho a contaminar el ambiente, como externalidad negativa del usufructo del terreno, por el sólo hecho de venir haciéndolo desde épocas inmemoriales y que permita considerarlo un derecho adquirido. Por aplicación del principio "alterum non laedere", no parece que prima facie pueda hablarse del derecho a producir un daño…”

“Podría discutirse eventualmente si corresponde que se indemnice a quien ha sido privado, parcialmente, de los beneficios que le fueran concedidos por el decreto nacional 1764/93 -Adla, LIII-C, 3215- y normativa concordante… Adelanto, sin embargo, mi opinión en el sentido negativo, por las razones que derivan de la argumentación que enseguida esbozare”

“La Corte rechazó la defensa de los presuntos derechos adquiridos enfatizando el carácter de derecho público que reviste el derecho ambiental, así como también el carácter de orden público de la ley 6045, y diciendo que tal "... carácter señalado de orden público descarta también la posibilidad de planteos acerca de presuntos derechos adquiridos 'a continuar' con explotaciones que esa normativa legal prohibiera..."

  “Siguiendo a Seisdedos, puede considerarse que el derecho al ambiente sano estaba comprendido ya en el texto constitucional de 1853. Los argumentos pueden sintetizarse así:

a) El Preámbulo, en cuanto indica que la Constitución es dictada "para nuestra posteridad", contiene una noción fundamental de futuridad y proyección que implica preservar el ambiente que incluye al hombre y en el que éste se desenvuelve.

b) La natural limitación de los derechos, que surge del art, 14 in fine y art. 28, implica que uno de esos límites puede ser la conservación del ambiente, como señaló la Corte Suprema en "Saladeristas de Barracas".

c) El actual concepto de "desarrollo sustentable" se hallaba comprendido, bajo otras formulaciones como "bienestar" y "prosperidad" o "adelanto" -como variables interrelacionadas, el primero límite y condición de los segundos-, en el actual art. 75, inc. 18, -original art. 67, inc. 16-.

d) La cláusula de los derechos implícitos, art. 33 de la CN, permite concebir la existencia original de un derecho subjetivo a un medio ambiente sano y equilibrado, en vinculación con el derecho a la salud. (En el mismo sentido, y con apoyo también en el art. 47 de la Carta provincial -que agrega como fuente de derechos no enumerados a "la condición natural de hombre")

e) A los anteriores argumentos, cabe agregar que siendo el hombre centro y eje de todo el sistema jurídico, y revistiendo su vida un valor primordial respecto del cual los restantes derechos tienen carácter instrumental, y dado que el hombre no vive en abstracto ni separado del ambiente sino que es parte de él y no puede prescindir del mismo para su subsistencia, forzoso es reconocer la obligatoriedad constitucional de la preservación ambiental, más allá de la existencia o inexistencia de una norma expresa. Así, ha señalado la Corte Suprema que "... esta Corte desde sus inicios entendió que el Estado Nacional está obligado a 'proteger la salud pública' (Fallos: 31:273) pues el derecho a la salud está comprendido dentro del derecho a la vida que es 'el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva que, obviamente, resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional' (Fallos: 302:1284; 310:112)...". Se compartan o no los fundamentos iusnaturalistas de la decisión transcripta, cabe reconocer que no hay vida sin salud, ni salud sin un ambiente sano, y por ello puede concluirse razonablemente que la Constitución desde el mismo momento de su sanción contiene en forma implícita un derecho a un ambiente sano y la correlativa obligación de preservación.

Aceptado lo anterior, podría argumentarse que cualesquiera sean las normas en que la empresa petrolera funde la existencia de supuestos derechos adquiridos, las mismas -en tanto permitan la degradación de la reserva fáunica- resultan inconstitucionales, y ningún derecho puede haberse consolidado al abrigo de ellas. Por ello, no haría falta argumentar sobre la preeminencia del orden público frente a alegados derechos adquiridos. Simplemente, no habría derechos adquiridos. Las normas invocadas serían inconstitucionales por permitir actividades dañosas al ambiente tutelado…”

  Por último resulta interesante destacar el dinamismo con el que debe ser interpretado la normativa de protección ambiental.

“El restante argumento arrimado por Fiscalía de Estado (que la explotación petrolera sería un rasgo habitual de la zona al momento de su declaración como área protegida) es rebatido por el tribunal con la siguiente idea: que el derecho ambiental es esencialmente dinámico, y debe ser interpretado al compás de los avances y modificaciones en el conocimiento científico. Si antes se desconocía absolutamente el potencial dañoso de determinada actividad, y por eso no se la prohibió expresamente, y luego se descubre el riesgo, no resulta válido argumentar que ya no puede prohibirse la actividad por cuanto antes no se la había prohibido…”

 Fíjese que los comentarios del autor, atento las particularidades del caso que comenta, sólo comprenden la existencia implícita del derecho a un ambiente sano antes de la reforma constitucional del año 1994.

  Para nuestra problemática ya existe explícitamente este derecho atento que esta reforma introduce el artículo 41 que expresamente otorga el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer a las futuras.

  Esta circunstancia refuerza considerablemente los argumentos vertidos de que no existen derechos individuales adquiridos que puedan vulnerar o alterar tal derecho esencial vinculado con la propia existencia del hombre que repercute hondamente sobre las concepciones tradicionales de la totalidad del Derecho, por ejemplo en el concepto de propiedad -que pasa a adquirir una “función ambiental”-.

2.- Competencia Provincial en protección Ambiental.-

 Otro argumento utilizado por el Poder Ejecutivo para proyectar el veto de la ley 7.627, es que dicha ley avanzaría sobre aspectos sólo reservados para el Código de Minería de la Nación.

  Aún con la existencia del Código de Minería que, por imperio del inciso 12 del artículo 75 de nuestra Carta Magna, es dictado por el Congreso Nacional y tiene aplicación en todo el territorio del país, no podemos dejar de afirmar que la responsabilidad primaria de protección ambiental corresponde a las provincias.-

  Otra interpretación nos llevaría ante la posibilidad cierta de que ocurra un vaciamiento de las potestades reservadas por las Provincias en la misma Constitución.-

  La competencia federal para que el Congreso legisle en materia ambiental vinculada a materias de fondo (como el Código de Minería) no significa en ningún caso que el Gobierno Federal pueda centralizar su jurisdicción en materia ambiental, atento que dicha jurisdicción le compete a la autoridad dentro de cuyos límites territoriales se halle ubicado el bien o cosa de dominio público.-

  Ello es así atento que la reforma Constitucional de 1994, en su artículo 124, vino a reconocer el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. Esta mencionada titularidad sin duda impone a los Estados provinciales la obligación de proteger los recursos de su pérdida, alteración y disminución. Ya no se trata, como en el caso del sistema de res nullíus o rescomunis, de un simple administrador o tutor del patrimonio natural, sino del titular originario del mismo. El reconocimiento del dominio originario de los recursos a las provincias, más la obligación que el art. 41 de la Constitución Nacional impone a las autoridades, convierte al Estado Provincial en verdadero garante del uso racional de los mismos.

  Respecto del alcance del artículo 124 de la Constitución Nacional, es importante destacar la interpretación que le diera la misma Convención Constituyente. De los libros de sesiones surge que cuando la Constitución dice: "Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio", debe entenderse que se refiere a todos los recursos naturales renovables o no, cualquiera sea su origen -minero, energético, de la fauna o la flora marítima-, en cuanto a su territorio, se refiere en sentido amplio al mismo y se incluye al suelo, al subsuelo, el espacio aéreo, a los ríos, a las costas, al mar, a los lechos y a la plataforma continental pertinente".( )  

  También lo ha señalado el Constitucionalista Daniel Sabsay que cuando la Constitución Nacional reconoce el dominio originario de los recursos naturales por las provincias está enunciando un principio general de alta significación y trascendencia: el que las Provincias tienen la facultad de disponer de sus recursos naturales y de su ambiente. ( )

  En el mismo sentido, el maestro Bidart Campos dice que la reforma constitucional “…ha reconocido, implícitamente, que cuidar el ambiente es responsabilidad prioritaria del poder que tiene jurisdicción sobre él, o que equivale a asumir la regla de que la jurisdicción es, como principio, local -provincial o municipal.”( )

 Por lo tanto, nos es fácil concluir que la legislatura provincial es ampliamente competente para la sanción de normas de protección ambiental como la ley N° 7.627.-

3.- Decreto 820/06. Plan Ambiental.-

   El Decreto 820/06 sólo se ocupa de la evaluación ambiental de la actividad minera.

 Por el contrario, el Plan Ambiental que ordena el artículo 6° de la ley 5.961 obliga a una visión integral con el objeto de lograr el conocimiento de la problemática ambiental del territorio:

“Ley 5.961.- Artículo 6° - El poder ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Medio Ambiente, urbanismo y vivienda y en coordinación con los municipios, elaborara un plan ambiental, el que contendrá, como mínimo:

a) aplicación de los principios de política ambiental fijados por esta ley;

b) ordenamiento ecológico del territorio provincial, de acuerdo a: 1) características ambientales de cada ecosistema; 2) grado de degradación y desequilibrio ecológico por efecto de las actividades humanas y naturales; 3) vocación en razón de los recursos naturales existentes, asentamientos humanos y actividades económicas desarrolladas; 4) potencial impacto ambiental por el desarrollo de nuevas actividades productivas.

c) programas de estudio e investigación científica y educativa a desarrollarse en el ámbito de la administración pública o mediante convenios con entidades nacionales o extranjeras, públicas o privadas, estatales o no;

d) diseño de pautas dirigidas al aprovechamiento de los recursos naturales, conforme a un uso integral, armónico y coordinado de los mismos.

e) implementación de un banco de datos y de un sistema de información y vigilancia permanente de los ecosistemas, los elementos que lo integran y su equilibrio, actualizado en forma permanente;

f) elaboración de programas de censo, recuperación y preservación de especies animales y vegetales en peligro de extinción;

g) elaboración de programas de lucha contra la contaminación y degradación del ambiente y de los distintos recursos naturales.”

  De la simple lectura de este artículo resulta evidente que el Decreto 820/06 –aunque se transforme en ley- no releva ni mínimamente la obligación que tiene el Poder Ejecutivo de realizar el Plan Ambiental que ordena dicha norma.- 

4.- Características de la actividad minera. Ley General del Ambiente, N° 25.675. Principios Preventivo, Precautorio y de Sustentabilidad. Aplicación de estos principios.-

4.1.- Características de la actividad minera.-

  Resulta público y notorio el gran impacto ambiental que poseen los emprendimientos mineros metalíferos.

  Así podemos mencionar, entre otras, que se producen destrucciones irreversibles de ambientes nativos en el área de la explotación y afectación de ambientes naturales aledaños; graves modificaciones geomorfológicas; distorsión de cuencas hídricas superficiales y subterráneas; merma en la regularidad hídrica y en la cantidad de agua disponible por año y por estación; contaminación del aire con partículas, gases y ruidos molestos; contaminación rutinaria y accidental del agua superficial y subterránea, del suelo y de la biota con residuos peligrosos; contaminación por drenajes ácidos; peligro de accidentes durante el transporte de sustancias peligrosas y por derrames en el área de explotación; generación de depósitos de residuos peligrosos; destrucción irremediable del paisaje y de la percepción ambiental del sitio afectado, etc..

  Asimismo la vida útil de una explotación minera es sumamente limitada ya que puede producirse tanto porque se agota el mineral buscado o por cuestiones económicas. El cierre, además de la mencionada alteración irreparable del paisaje y del fin de los supuestos beneficios económicos, es el comienzo de una nueva etapa de amenaza ambiental cuya duración no es calculable puesto que deriva de la alteración de la roca tratada y los residuos generados por la actividad y depositados en el lugar de la explotación.

4.2.- Ley General del Ambiente, N° 25.675.-

  Esta ley obliga al interpretar las normas de protección ambiental, sean nacionales, provinciales o municipales a tener en cuenta ambas normas, la interpretada y los principios enunciados en su artículo 4°:

Artículo 4: La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios:

(…) Principio de prevención: las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir.

Principio precautorio: la ausencia de información o certeza científica no será motivo para la inacción frente a un peligro de daño grave o irreversible en el ambiente, en la salud o en la seguridad pública.(…)

Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras.”

4.3.- Principios preventivo, precautorio y de sustentabilidad.

4.3.1.- Características de los principios del Derecho.-

  Los principios pueden ser caracterizados como “…las líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos.” ( )

  Siguiendo para el desarrollo de este punto, la didáctica exposición de Prado J.- García Martínez, la función que cumplen los principios, brevemente resumida es la siguiente:

a) función informadora;

b) función de interpretación;

c) los principios como filtros;

d) los principios como diques;

e) los principios como cuña;

f) los principios como despertar de la imaginación creadora;

g) los principios como recreadores normas obsoletas;

h) capacidad organizativa/ compaginadora de los principios; i) los principios como integradores.- 

  La primera función que cumplen los principios es la de orientar al legislador para que las leyes que se dicten se ajusten a ellos. Tienen una función interpretadora, operando como criterio orientador del juez o del intérprete. Los principios generales, y en especial los principios generales propios de una rama especial del derecho, sirven de filtro o purificador, cuando existe una contradicción entre estos principios y determinadas normas que, quieran aplicarse a la rama específica. Suelen servir como diques de contención, ante el avance disfuncional de disposiciones legales correspondientes a otras ramas del derecho. No solamente sirven como valla defensiva contra la invasión de otras legislaciones, sino que también actúan como cuña expansiva para lograr el desarrollo, fortalecimiento y consolidación, de las técnicas, medidas y regulaciones propias o adecuadas para el ensanchamiento de las fronteras de la especialidad.

 En resumen, los principios sirven como criterio orientador del derecho para el operador jurídico. Constituyen el fundamento o razón fundamental del sistema jurídico ambiental. Son el soporte básico del ordenamiento, prestando a éste su verdadera significación.

4.3.2.- Principio de Prevención.-

  Es preciso tener en cuenta que al hablar de daño al medio ambiente no se está siempre hablando de un daño concreto resultado de una conducta, sino que se habla de un daño potencial, ya que no sólo se trata de la aplicación de un “remedio” sino que se trata de la prevención del mismo, de evitar que se produzcan los daños para no tener que “remediarlos”.

  El derecho ambiental, en su raíz constitucional, es fundamentalmente prevención. Así surge del imperativo contenido en el art. 41 de la Carta Magna que impone a todos los habitantes de la Nación el deber de preservar el ambiente. Lo mismo se deduce sin dificultad de la prescripción que establece que "el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer". Como señala acertadamente Rosatti ( ), el vocablo "prioritariamente" indica una "preocupación meta-materialista" de la Constitución: el deseo de preservar un acervo físico, material, natural, histórico y cultural que hace a nuestra identidad y que se traduce en una opción por volver las cosas a su estado anterior al daño, en la medida de lo posible y con preferencia a cualquier tipo de indemnización o sanción -aunque sin perjuicio de ellas, por cierto-.

  El énfasis preventivo constituye uno de los caracteres por rasgos peculiares del derecho ambiental. ( )

  Además la doctrina judicial ha llegado a decir que “Asignamos a la prevención en este terreno una importancia superior a la que tiene otorgada en otros ámbitos, ya que la agresión al medio ambiente se manifiesta en hechos que provocan, por su mera consumación, un deterioro cierto”. ( )

  Asimismo esta función de prevención y evitación de los daños se ha señalado como una de las modernas orientaciones que se viene imponiendo a través de diversas jornadas científicas como las “XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil” realizadas en Mar del Plata en el año 1995; las “II Jornadas Marplatense de Responsabilidad Civil y Seguro 1992”, entre otras).

4.3.3.- Principio Precautorio.-

  El principio de precaución fue enunciado inicialmente por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio climático, creado en 1987, por decisiones congruentes de la Organización Metereológica Mundial y el PNUMA, lo recogió la Declaración Ministerial de la II Conferencia Mundial del Clima, para aparecer consagrado en el inciso 3 del artículo 3 del Convenio Marco sobre el Cambio Climático, negociado entre febrero de 1991 y mayo de 1992, bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

  También aparece como principio 15, en la Declaración de Río sobre el Medio ambiente y Desarrollo en 1992.

  Constituye uno de los cuatro principios incorporado al artículo 130 R-2, en que el tratado de Maastricht de la Unión Europea fundamenta la Acción de la Comunidad. ( )

 Obsérvese que nuestro texto legal hace aún mas estricto el Principio 15 de la Declaración la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro 1992) que lo restringía a la falta de certeza científica absoluta.

4.3.4.- Principio de sustentabilidad.-

  Repite con otro lenguaje el principio de equidad intergeneracional cuando dispone que el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente de manera tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras.-

  Coincidimos con la Dra. García Minella, en que quien adhiera al modelo de desarrollo sustentable acepta que la variable ambiental atraviese de manera horizontal todas las políticas de Estado, entendiendo el concepto de medio ambiente como un concepto amplio al que ha adherido nuestra constitución, atento que tutela al medio ambiente como un bien social y lo hace de una manera integral. ( )

4.4.- Aplicación de estos principios al caso bajo estudio.-

 Por las características propias de la actividad minera metalífera y la ausencia del Plan Ambiental ordenado por la ley provincial N° 5961 se evidencia plenamente la razón de la existencia de la ley N° 7.627 que suspende “el otorgamiento de derechos mineros, de cateos, exploraciones o explotaciones metalíferas a cielo abierto” interpretando ésta última bajo la luz de los principios preventivo, precautorio y de sustentabilidad.

La ley 7.627 posee tres funciones fundamentales:

- Función preventiva:

Ya que trata de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir que, en el caso concreto, ante la inexistencia de un Plan Ambiental provocan una “duda razonable” ( ).-

- Función precautoria:

Esta función es el principal basamento de la sanción de la ley 7.627 ya que los poderes públicos (incluso la legislatura) se encuentran obligados a actuar frente a la posibilidad de un daño grave o irreversible en el ambiente y en la salud como se produce con el desarrollo de la actividad minera en una provincia que no posee un Plan Ambiental, lo que se traduce en ausencia de información. ( ) 

- Persigue un fin de sustentabilidad del desarrollo económico, social y del provechamiento de los recursos naturales ( ):

Este último principio resulta fundamental para comprender la problemática. La “gestión apropiada del ambiente”, en la provincia de Mendoza, se encuentra relacionada con la existencia e implementación del “Plan Ambiental” ordenado por el artículo 6° de la ley 5961, que tiene por objeto no comprometer las posibilidades de desarrollo de las generaciones presentes y futuras.

  Luego de definida la función de la ley 7627 que suspende “el otorgamiento de derechos mineros, de cateos, exploraciones o explotaciones metalíferas a cielo abierto, hasta tanto la Provincia de Mendoza tenga aprobado el Plan Ambiental de la Ley 5.961.” resulta útil recordar parte del artículo 6° de la ley 5.961: 

Art. 6o - El poder ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Medio Ambiente, urbanismo y vivienda y en coordinación con los municipios, elaborara un plan ambiental, el que contendrá, como mínimo:

b) ordenamiento ecológico del territorio provincial, de acuerdo a: 1) características ambientales de cada ecosistema; 2) grado de degradación y desequilibrio ecológico por efecto de las actividades humanas y naturales; 3) vocación en razón de los recursos naturales existentes, asentamientos humanos y actividades económicas desarrolladas; 4) potencial impacto ambiental por el desarrollo de nuevas actividades productivas.

d) diseño de pautas dirigidas al aprovechamiento de los recursos naturales, conforme a un uso integral, armónico y coordinado de los mismos; (…)

  Por lo tanto, resulta evidente que la inexistencia del Plan Ambiental ordenado por la ley 5961, situación que -por lo expuesto- instala una “seria duda” sobre el impacto ambiental de la actividad minera en el conjunto de la provincia, justifica plenamente, por aplicación de los principios mencionados, la existencia de la ley 7.627, que suspende “el otorgamiento de derechos mineros, de cateos, exploraciones o explotaciones metalíferas a cielo abierto, hasta tanto la Provincia de Mendoza tenga aprobado el Plan Ambiental de la Ley 5.961.”

  Se remarca la última parte porque no se trata de una suspensión absoluta y perpetua de la actividad minera sino que pone como límite temporal la aprobación del Plan Ambiental, lo que observando los incisos b y d de la ley resulta absolutamente aconsejable.-

  En otras palabras, en base a lo preceptuado por los principios reseñados no puede continuarse con la actividad minera sin un ordenamiento ecológico del territorio provincial, de acuerdo a características ambientales de cada ecosistema; grado de degradación y desequilibrio ecológico por efecto de las actividades humanas y naturales; vocación en razón de los recursos naturales existentes, asentamientos humanos y actividades económicas desarrolladas; potencial impacto ambiental por el desarrollo de nuevas actividades productivas y sin un diseño de pautas dirigidas al aprovechamiento de los recursos naturales, conforme a un uso integral, armónico y coordinado de los mismos.-

5.- Efectiva Participación Ciudadana.-

   La democracia es el producto de la participación responsable y consciente de todos y cada uno de los individuos, cuyos derechos políticos garantiza, a fin de que intervengan en las determinaciones respecto de la cosa pública.-

  La Declaración de Río de 1992 establece que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. Toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente que dispongan las autoridades públicas (en cumplimiento de la Constitución Nacional), así como también la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.

  En concordancia con la Declaración de Río el artículo 19 de la Ley General del Ambiente -N° 25.675- establece:

“Toda persona tiene derecho a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general.”

Luego el artículo 20 de la ley citada continúa:

“Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente

La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero, en caso de que estas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública.”

  La defensa del medio ambiente, requiere consenso, solución en común, organización comunitaria para aplicar medidas adoptar.- La Audiencia Pública es un modo de participar de los asuntos de interés general. Es un mecanismo de participación pública. Es un instituto a través del cual se persigue que las personas se involucren de manera protagónica, en aquellas decisiones susceptibles de afectarlas directa o indirectamente. Es una institución de la democracia participativa. Un nuevo espacio de poder ciudadano. Ejercicio del derecho de opinión y objeción. El logro de una opinión consensuada. A su vez se levanta como una oportunidad para las autoridades para logra mayor legitimidad en sus decisiones. ( )

  Esto se entiende también atento el deber de preservar el “ambiente” que tenemos todos los habitantes de la Nación, expresado en el artículo 41 de nuestra Carta Magna, se observa claramente la evolución del Derecho en la tendencia a la máxima transparencia informativa que obedece a la noción actual de la titularidad colectiva de los bienes ambientales y los recursos naturales y la cogestión de su tutela.

   “En consecuencia el concepto de “Participación” tiene una indudable importancia constitucional, que se levanta desde el bastión de la intervención de la ciudadanía en la defensa de los derechos ambientales. Si participar es intervenir real, efectiva y responsablemente en una cosa, debe estimularse la participación individual y la cooperación social en la atención de las necesidades colectivas, más aún con la compleja realidad moderna que requiere una participación activa de los cuerpos o entidades intermedias, vecinales, ambientalistas, etc., para dar sustento a una democracia pluralista, con mecanismos semidirectos de "soberanía compartida", conforme dimana de la Constitución Nacional de 1994.” ( )

   Facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos garantizará la realización de una participación ilustrada y verdaderamente representativa. 

  La información ambiental resulta un cimiento fundamental para alcanzar una participación activa por parte de la población, verdadera llave para la generación de cambios en los valores y conductas sociales que posibilitarán el desarrollo sustentable.

 En el contexto de la Estrategia Interamericana para la promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones para el Desarrollo Sostenible (ISP-OEA) ( ) se definió que “Participación Pública se refiere a toda interacción entre el sector público y la sociedad civil e incluye el proceso mediante el cual el gobierno y la sociedad civil inician un diálogo, establecen alianzas, comparten información e interactúan para diseñar, ejecutar y evaluar políticas, proyectos y programas de desarrollo. El proceso requiere la participación y compromiso de todas las partes interesadas incluyendo, entre otros, a los pobres y a los grupos tradicionalmente marginados, tales como minorías étnicas y raciales desfavorecidas” Asimismo refiere a la sociedad civil como que “está organizada en diferentes modos y sectores, incluyendo individuos, sector privado, sector laboral, partidos políticos, académicos y otras organizaciones no gubernamentales”

 “La participación pública y el acceso a la información resultan imprescindibles para avanzar en la senda del desarrollo sostenible, el medio ambiente es cuestión de todos.” ( )

  Por ello debe proporcionarse acceso efectivo a la gestión ambiental velando por el fiel cumplimiento de sus objetivos como controlando y auditando sus procedimientos, de esta manera se fortalece el compromiso de los ciudadanos con el cuidado ambiental y se protege integralmente el bien jurídicamente tutelado.-

6.- Conclusiones

 Atento lo expuesto en el presente dictamen podemos concluir en lo siguiente:

a) La Ley N° 7.627 que suspende el otorgamiento de derechos mineros, de cateos, exploraciones o explotaciones metalíferas a cielo abierto, hasta tanto la Provincia de Mendoza tenga aprobado el Plan Ambiental de la Ley 5.961 no afecta derechos adquiridos ni provoca riesgo patrimonial para la provincia atento la existencia de un Orden Público Ambiental y el hecho que las actividades suspendidas poseían, ante la ausencia de un Plan Ambiental Provincial, la aptitud de poner en riesgo el bien jurídico tutelado lo que provoca que ningún derecho puede haberse consolidado al abrigo de ellas.

b) La Provincia de Mendoza, a través de su legislatura, tiene plena capacidad y competencia para ordenar la suspensión de los otorgamientos de derechos mineros, de cateos, exploraciones o explotaciones metalíferas a cielo abierto hasta tanto la provincia posea un Plan Ambiental atento la obligación que tienen las autoridades de proteger el ambiente provincial.-

c) El Decreto 820/06 –aunque se transforme en ley- no releva ni minimamente la obligación que tiene el Poder Ejecutivo de realizar el Plan Ambiental que ordena el artículo 6° de la ley N° 5961.-

d) Son los principios preventivo, precautorio y de sustentabilidad –receptados en la Ley General del Ambiente N° 25.675 y plenamente aplicables a la problemática que nos ocupa- los que obligan a la suspensión de los permisos mineros ante la ausencia de un Plan Ambiental como ordena el artículo 6° de la Ley Provincial N° 5.961.-

e) Resulta legalmente cuestionable la gestión ambiental o la planificación de un modelo de desarrollo sin la efectiva participación activa e informada de la ciudadanía.-